- Tras cumplirse 7 años del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, la ONU-DH llamó a la reparación del daño a víctimas y el medioambiente.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México reiteró el pasado viernes su llamado a la reparación integral de las víctimas y la recuperación del medioambiente tras el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.
Al cumplirse siente años del accidente, el organismo internacional emitió un comunicado en el que pidió fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas y el emprendimiento de acciones concretas para la recuperación del medio ambiente.
Cómo se recordará, el 6 de agosto de 2014, una falla en la válvula de una mina de Grupo México ocasionó el derrame de 40,000 m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) y otros metales procesados con ácido sulfúrico en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de siete municipios.
“El derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua y según datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 270 personas”, se leía en un comunicado oficial.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH México, recordó que ante la llegada de una nueva administración en el estado de Sonora “la responsabilidad del Estado, a nivel estatal y federal, incluye asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas, en línea con los estándares internacionales en la materia”.
Expresó que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos “no depende de la capacidad o la voluntad del Estado” y señaló que ellas también están obligadas a observar “una debida diligencia en sus procesos y remediar sus errores”.
A pesar del desastre ambiental, Grupo México ha argumentado que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados piden al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas al respecto.
El año pasado, el Gobierno mexicano reconoció oficialmente que “pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud” y estableció un plazo para tener un “diagnóstico ambiental”, el cual concluye el próximo 4 de octubre.
“Las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificación publicada en el DOF el 22/11/2000), así como en el estado de la calidad del agua del río previo al derrame”, publicaba también el Centro Nacional de Prevención de Desastres el 6 de agosto de 2019.
