- Son recursos públicos que permiten contiendas electorales equitativas y evitan la injerencia de recursos públicos que de forma ilícita, afirman.
CIUDAD DE MÉXICO.- En apego a lo previsto en la Constitución Política de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, precisó que el cálculo de estos recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determina el presupuesto anual de la federación.
“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto que el INE arbitrariamente define”, sentenció.
Ante las pretensiones de una reforma electoral, Córdova Vianello mencionó que desde la reforma política de 1977 hasta la de 2020 nunca se ha pretendido eliminar dichas prerrogativas, lo que refleja el impacto que tienen para garantizar la equidad de las elecciones, fomentar el pluralismo en la vida democrática y han impedido que intereses privados se impongan.
Frente a ello estimó que resulta fundamental un debate constructivo y con miras de Estado, que analice de forma integral el modelo de financiamiento y no sólo una disminución de cifra, por lo que ante una eventual reforma es crucial definir objetivos.
“Sin objetivos claros y diagnósticos fundamentados, una reforma electoral en medio de un contexto de intolerancia, polarización y lleno descalificaciones, podría abrir la puerta a la primera contrarreforma electoral en la historia de nuestra democracia”, abundó.
Al presentar el punto, la Consejera Claudia Zavala aclaró que ante los recientes señalamientos que buscan confundir y desprestigiar a la institución por su presupuesto, que incluye el financiamiento previsto constitucionalmente para los partidos, INE ha cumplido cabal y satisfactoriamente con su deber constitucional en 277 procesos electorales.
Este costo del INE, añadió, no es un capricho, sino que garantiza la emisión gratuita de las credenciales de elector, la actualización permanente del Padrón Electoral, así como las actividades de organización, capacitación, fiscalización y procesos de estimación estadística de resultados que se realizarán en los procesos electorales locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Por lo que cualquier crítica, debate o cambio que quiera darse o proponerse respecto del costo de las elecciones y, en este caso, de los montos del financiamiento de los partidos políticos, corresponde a la ciudadanía y a sus representantes en la Cámara de Diputaciones y no al INE.
Al reconocer la importancia del acuerdo aprobado, la Consejera Carla Humphrey recordó que desde el 2014 se ha debatido respecto de la cantidad de recursos que reciben los partidos, se han ensayado diversas fórmulas y se ha visto que han aumentado los recursos a los que tienen acceso, así como el desuso de algunas prerrogativas.
Humphrey detalló que son los recursos públicos lo que permiten contiendas electorales equitativas y evitan la injerencia de recursos públicos que de forma ilícita se destinan a campañas o partidos, así como recursos provenientes de actividades ilícitas o del crimen organizado que no deben involucrarse en las actividades políticas y electorales.
El Consejero Uuc-kib Espadas coincidió en la importancia de un análisis de fondo, aunque aseguró que un financiamiento público en las campañas evita que el conjunto de las elecciones dependa del favor de los dueños del dinero, ya que su costo puede implicar comprometer el erario público durante las gestiones de los gobernantes electos.
Refirió que, si bien 5 mil millones puede ser considerado mucho, significa apenas nueve centavos de cada 100 pesos que México invierte en el Estado plural, por lo que afirmó no se trata para nada de un gasto desmedido, excesivo, oneroso o abusivo, sino de un gasto correcto destinado a uno de los mejores fines que es garantizar que las fuerzas políticas compitan por sus méritos y no por su capacidad de reunir dinero.
El Consejero Ciro Murayama dijo que en México la apuesta fue por la equidad, reconociendo que no era suficiente contar bien los votos, ya que se debía tener una base pareja que se contrapusiera a la hegemonía del entonces partido en el poder, lo que incidió directamente en elecciones más competitivas.
Estimó que una reducción drástica en los recursos abre la puerta al dinero privado de grandes grupos de poder económico o delincuenciales, además alertó que el mercado, desde la construcción del capitalismo nunca ha logrado una distribución equitativa.
“Cuidado con ahorrar a costa de la salud de la democracia y cuídese un sistema de partidos financiado con dinero limpio, transparente y que favorece la equidad”, sentenció al evidenciar que todos los partidos en el poder han pretendido reducir el financiamiento público.
