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Junta Especial 15 de Conciliación y Arbitraje, empantana laudo laboral en contra de Odebrecht, Braskem Idesa. (VIDEO)

*9 Trabajadores ganaron laudo desde el año pasado y no han logrado la ejecución.

Coatzacoalcos, Ver. 13/12/2021.- Nueve ex-trabajadores de la compañía Odebrecht y Braskem Idesa, en Coatzacoalcos lograron ganar un laudo laboral, sin que hasta la fecha hayan logrado su ejecución; El abogado y representante legal de los afectados, el licenciado, Fausto Torres Pérez, detalló que el laudo es con fecha del 8 de octubre de 2020.

En los puntos resolutivos, explica el abogado, se condena a la constructora de origen Brasileña, al pago de la prima vacacional, de la prima de antigüedad y de diversas prestaciones, sin embargo alerta que desde la Junta Especial No 15 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Coatzacoalcos, presidida por la licenciada Selene Elizabeth Guzmán Matuzhima, existen “serías anomalías”, que excusan con la falta de personal.

“La actitud de la presidenta de la junta de conciliación y arbitraje, sus integrantes, entre ellos también la proyectista, la licenciada Trinidad Tovar, han asumido una actitud de parcialidad a favor de la empresa Obredecht, si, a favor de la apoderada legal de la empresa Obredecht, la justicia no ha sido completa, porque no se ha dado como tiene que ser, de forma rápida, de forma integral, desde hace 2 años no puede ser que este laudo no se haya podido ejecutar”.

Torres Pérez, lamentó que el pretexto de la Junta Especial es recurrente, en cuanto a la falta de personal, por lo que el expediente número 971 del 2014, prácticamente no se ha podido ejecutar, cayendo la dependencia en omisiones.

“En el año 2020 sale un laudo a favor de mis representados, la empresa promueve una serie de amparos, sin embargo nosotros solicitamos que se depositará la subsistencia de mis trabajadores mientras se resolvía el juicio de amparo, pero se da el caso que la junta de conciliación fue omisa en lograr la ejecución rápida de esa subsistencia y a que me refiero con esto, por parte de los trabajadores embargan unas cuentas de Odebrecht, unas cuentas del banco Banorte y resulta que de primera mano cuando rinde informe Banorte, dice que si traban la cuenta, si la embargan, pero el nombre que debe de ir impuesto, de la persona que suscribe el documento del Banco Banorte, no aparece, desde ahí se nos hizo sospechosa la situación”.

Aunado a esta irregularidad, se suma el hecho que la representante legal del banco Banorte y la representante legal de Braskem Idesa y de Odebrecht, es la misma persona,  expone Fausto Torres Pérez, por lo que es evidente los “atrasos abismales”, lo que ha traído como consecuencia que sus clientes no hayan logrado ejecutar la subsistencia y  ahora todo el laudo, porque se acaba de resolver el amparo y a la empresa Odebrecht se le negó la protección constitucional, por lo que los trabajadores ya quedaron en el derecho de poder ejecutar de forma firme la sentencia.

“Su servidor ha presentado diversas promociones y solicitudes, en el sentido que he insistido de que me informen, quien fue el nombre de la persona que estampo la firma, en donde dicen que trabaron un embargo, pero no solamente trabaron el embargo, sino que además en ese oficio, recalcan que no pueden poner a disposición el cheque hasta que les hagan llegar otro oficio y les digan cuales son las cantidades que van a destinar para cada trabajador, desde hace 2 años a la fecha, ese fue el obstáculo, si, para no pagarle a mis trabajadores, que hizo la junta, la junta alegó o alega siempre que no tiene personal, ni siquiera para girar el oficio, digo eso es algo increíble”, señala el abogado Fausto Torres Pérez.

El representante legal de los trabajadores, insistió en que desde la Junta Especial No 15 de la Local de Conciliación y Arbitraje, presidida por la licenciada Selene Elizabeth Guzmán Matuzhima, se justifican al señalar que los retrasos obedecen a la falta de personal, por lo que visualizan algún vestigio o sospecha de corrupción.

“La verdad en este caso a mí me preocupa que mis representados están quedando desprotegidos porque hasta este momento ellos no han logrado ejecutar el laudo, por intereses que en este caso se contraponen como son los de Odebrecht”.

Fausto Torres Pérez, recordó según nuestra norma constitucional, se ha creado un tribunal previamente establecido que debe garantizar que la justicia sea pronta, completa e imparcial y en este caso lamentó no se esté dando de esta manera, por lo que urgió a las autoridades estatales a salvaguardar los derechos de sus representados.

“Yo también exhorto a la secretaria de trabajo para que si el problema real es que no hay trabajadores, no tienen personal, pues que lo contraten, que le den la importancia, si un estado, si un  municipio, no tiene un tribunal que lo defienda, que le imparta justicia, lo expone a lo que antes llamaban los romanos como la venganza privada, en este caso mis clientes están totalmente desprotegidos e indefensos porque no se está haciendo valer los principios de tutela judicial efectiva previstos en el artículo 17 constitucional”.

El abogado adelantó que agotaran los elementos jurídicos para garantizar que se haga justicia a esta demanda de los 9 ex-trabajadores, sin embargo, dijo, consideró oportuno la sociedad esté informada de la magnitud de lo que sucede en la Junta Especial No 15 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Coatzacoalcos.

“No puede quedarse esto como un secreto, porque sería como solapar en este caso, la actitud tanto de los integrantes de la junta, como de la presidenta y de todo su personal, en este caso la licenciada Trinidad Tovar y si, la secretaría de trabajo también tiene algo que ver, por eso alzo la voz para que a través del congreso, a través del Gobierno del Estado, se tomen cartas en el asunto, alguna persona de mando superior tiene que ver con esta decisión que se esté obstaculizando la ejecución del laudo de estos trabajadores”.

Cabe recordar que la empresa Odebrecht, se ha visto envuelta en uno de los casos de corrupción más grande de América Latina y en una investigación del Departamento de Justicia de los Estado Unidos, se documentó como abrían pagado soborno a presidentes, expresidentes y funcionarios de por lo menos 12 países, entre los que se encuentra México.