*Fue turnada a comisión de justicia y puntos constitucionales. Será analizada.
*De votarse a favor, ya no sería delito grave que implique prisión.
Xalapa, Ver. 31/01/2022.- El Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, envío la iniciativa con proyecto de Decreto que deroga el artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, por lo que la sexagésima sexta legislatura, le estaría dando entrada en su sesión virtual de este lunes.
En su carta al Congreso el Gobernador de Veracruz refirió en el párrafo cuarto de su iniciativa: “Es prudente señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la derogación del artículo 331 del Código penal para el estado libre y soberano de Veracruz (…) no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de un delito se realice con medios violentos como armas y explosivos, por lo que se advierte, que se dejaría un vacío legal, para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a los policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber”, señala parte del texto de la citada iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.
De ser aprobada en su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, se derogarían las agravantes al delito de ultrajes a la autoridad y por lo que ya no sería delito grave que implique prisión preventiva a quienes cometan este delito.
Cabe recordar que el artículo 331 del Código Penal señala actualmente, que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta cuarenta días de salario mínimo a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
El delito de ultrajes a la autoridad en la entidad, ha sido un tema por demás polémico, que originó incluso la división de los senadores de MORENA.
Con esta medida el titular del poder ejecutivo local, estaría acatando la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de la detención de seis jóvenes en la capital del Estado y que lograron su liberación con un amparo.
